Los querellantes consideran que la excusa absolutoria tributaria utilizada por el rey no cumplió los requisitos legales establecidos. La ley prohíbe la regularización de las defraudaciones tributarias después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigación de la Fiscalía, que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias con anterioridad a su regularización.