Se trata de una cesión de datos que algunos juristas como el abogado y profesor de Derecho Administrativo Víctor Soriano consideran excesiva. “Aunque parece que hay una autorización expresa e informada, se podría discutir si el fondo es correcto”, sostiene este experto, quien afirma que el objetivo parece más bien obtener datos que pueden tener “valor” en el mercado y con la autorización para poder utilizarlos “con una finalidad amplísima”.