El pasado 6 de Diciembre, la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital anunciaba que la emisión neta de deuda pública del ejercicio se situará en 75.000 millones, un 25% menos de lo previsto al inicio del año.
Este resultado repercutirá en la ratio que, a final de año, resulte de contrastar el volumen de deuda pública con el Producto Interior Bruto (PIB) nominal, proporción que es el parámetro más utilizado para enjuiciar la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas.
Considerando el saldo al inicio del ejercicio de deuda pública (1.345.784 millones), el incremento neto anual previsto (75.000 millones) y las últimas previsiones para el PIB nominal, puede anticiparse, sin ningún temor de errar, que la expectativa, establecida en el Proyecto de Plan Presupuestario de 2021 (PPP 2021), de concluir con un porcentaje deuda pública sobre el PIB del 117,4% será ampliamente rebasada.
No obstante, hay que recordar que, desde finales de 2020 y con posterioridad a la formulación del PPP 2021, nuestro país hubo de reclasificar a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) como entidad perteneciente a las Administraciones Públicas (AAPP) y su deuda, por importe de algo más de 34.000 millones, pasó a engrosar el saldo del sector público.
Desde otra perspectiva, la emisión neta de deuda pública debe guardar un elevado grado de correlación con el déficit esperado de las cuentas públicas. Para el ejercicio en curso, la necesidad de financiación de las AAPP, a mi entender, rondará los 95.000 millones.
La diferencia entre el déficit de la cuentas públicas pronosticado (95.000 millones) y la emisión neta de deuda pública efectuada (75.000 millones), tendrá como efecto el presentar este año una mejor relación de deuda sobre el PIB, aunque en detrimento de la del próximo ejercicio, para el que la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital auguraba, en las declaraciones citadas, que la emisión neta se situará, aproximadamente, al mismo nivel siendo que se prevé reducir ostensiblemente el desfase entre ingresos y gastos.
Aunque, respecto a los objetivos, ahora denominados “referencias”, de déficit y volumen de deuda, los resultados esperados para cierre de ejercicio son claramente peores a los reflejados en el PPP 2021, de futuro, lo realmente preocupante es el elevado endeudamiento del sector público cuyo coste (tipo de interés medio en Noviembre: 1,65%), de momento, está contenido por las compras en el mercado secundario del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).
En este sentido, no hay que perder de vista que, según las “Estadísticas de la Deuda del Estado” a Septiembre pasado, casi el 32% de la misma estaba en poder del Banco de España y que el Programa de Compras de Emergencia para la Pandemia (PEPP), en principio, dejará de realizar adquisiciones netas de activos a finales de Marzo de 2022.
En resumen, nuestro pobre país iniciará 2022 con unos elevados desequilibrios de déficit estructural y de volumen de deuda pública (mis estimaciones son del 4,1% y 120,3% del PIB, respectivamente) que superan ampliamente los límites legales vigentes del 0,0% y 60,0%.
Lo indicado tiene lugar en un marco de total desdén hacia las normas de gobernanza fiscal, cuyo exponente máximo es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que comenzó cuando la Ministra de Hacienda y Función Pública, pudo declarar en 2020 suspendidas las "reglas fiscales" patrias con fundamento en un precepto constitucional que se limita a prever la posibilidad de "superar los límites de déficit y deuda" en situaciones de emergencia (más extenso en elgorgojorojo.wordpress.com/2021/12/09/objetivos-de-deficit-y-deuda-pu) y continúa a fecha de hoy con la postergación sine die de la obligación de formular "planes de reequlibrio" para corregir la situación.
Todo lo anterior, ante el incomprensible silencio del resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria.
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