Desde principios del siglo, el sistema eléctrico español entró en lo que se denominó “déficit tarifario”, es decir, que los ingresos generados por las tarifas satisfechas por los consumidores por el consumo de electricidad no eran suficientes para cubrir los costes de su suministro y otros conceptos, entre los que se encuentran los apoyos financieros otorgados a la generación de electricidad mediante energías renovables que, por otra parte, vienen condicionados por el cumplimiento de los objetivos marcados desde la Unión Europea sobre esta materia.
Durante 2013, año en que el saldo neto del déficit tarifario alcanzó los 28.400 millones, el Gobierno del Partido Popular tomó una serie de medidas para reconducir la situación. Una de ellas fue modificar la metodología de determinación del apoyo financiero a la producción de electricidad mediante energías renovables, que había alcanzado un coste de 6.000 millones en el año anterior.
El fuerte incremento de instalaciones de generación de electricidad utilizando energías renovables que se produjo durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, especialmente a partir del año 2006, estuvo motivado, entre otras causas, por la fijación de unos precios regulados de compra desorbitados (por ejemplo, el año 2007, para las instalaciones fotovoltaicas se fijó un precio de compra de 440€/MWh, cuando el precio medio en el mercado fue de 39,35€/MWh) y por el descontrol en cuanto a la potencia instalada (por ejemplo, en relación a la energía solar fotovoltaica, el Plan de Energías Renovables 2005-2010 preveía alcanzar para el ejercicio 2010 una potencia instalada de 400 MW, pero se llegó a 3.840 MW).
Estos desaciertos atrajeron a una multitud de “inversores” -buena parte de ellos recurrieron a financiación ajena- que vieron la posibilidad de obtener ganancias fácilmente. También los bancos contribuyeron a la burbuja al considerar que prestar para estas inversiones no comportaba ningún riesgo.
El cambio en el método de cálculo del apoyo estatal a la generación de electricidad mediante las energías renovables se basó en sustituir la compra de la producción a una tarifa regulada (o al precio de mercado más una prima) por la adición de una “retribución específica” a la rentabilidad obtenida en el mercado (ampliación en elgorgojorojo.wordpress.com/2019/12/05/energias-renovables-rentabilida).
Este cambio en las condiciones económicas, que afectó alrededor de 64.000 instalaciones, ha dado lugar a que algunos inversores extranjeros, amparados en que España ha ratificado el Tratado sobre la Carta de la Energía, hayan iniciado frente a nuestro país procedimientos arbitrales reclamando, según la Ministra para la Transición Ecológica, en torno a 10.000 millones en indemnizaciones y en los que ya ha habido condenas por más de 800 millones.
La mencionada “retribución específica” debe tomar en cuenta, entre otros factores, el logro de una “rentabilidad adecuada” que se fijó en el 7,398% anual para las instalaciones ya existentes.
Los cambios operados, que han tenido un efecto moderado en la reducción media anual del coste por las primas a las renovables en los últimos 5 años (unos 500 millones por año si se toma como referencia el importe contabilizado en 2012, es decir, antes de la reforma), debían revisarse en el ejercicio actual y el Gobierno del Partido Popular ya advirtió que NO mantendría las condiciones iniciales.
Aunque la normativa vigente prevé que la rentabilidad razonable se calcule promediando el rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años, en el mercado secundario, en los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior al del inicio del periodo regulatorio (es decir, el 1,41%), que se producirá el 1 de Enero próximo, incrementado en un diferencial, el Gobierno en funciones del PSOE, ha optado por mantener la referencia de la “rentabilidad adecuada”, además durante 12 años, en el 7,398%, aunque condicionada a la renuncia a plantear reclamaciones ante tribunales o al desistimiento de las que ya estén en curso.
En la próxima ratificación del Real Decreto-ley que ha aprobado mantener la rentabilidad, podrá verse qué otras formaciones políticas, además del PSOE, ponen por encima de los intereses de los consumidores, la seguridad patrimonial de “pseudoinversores”, el balance de los bancos y el enmascaramiento de errores de gestión gubernativa.