En los días previos a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los Estados miembros de la zona euro (“Eurogrupo”), que comienza esta mañana y que tiene la misión de concretar los mecanismos financieros que la Unión Europea va a poner a disposición de los Estados miembros para hacer frente el impacto económico negativo que en las cuentas públicas nacionales provocará la pandemia del Covid-19, el Presidente del Gobierno ha venido declarando que "España” no renunciará a los eurobonos, a los que considera la prueba definitiva de la solidaridad europea, ya que comportan una “mutualización” de deudas.
Una de las primeras cuestiones que habría que considerar es que, a día de hoy, la Unión Europea la conforman 27 países. Sin embargo, las decisiones que adopte el Eurogrupo solo afectarían a los 19 Estados miembros que han adoptado como moneda el euro. En este sentido, debiera planearse si la solidaridad que se reclama va a llegar a países como Polonia o Suecia.
En segundo lugar, hay que recordar que los Estados miembros de la zona euro cuentan con una institución financiera internacional, denominada Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), creada con la finalidad de prestarles asistencia financiera en caso necesario, supeditada a condiciones estrictas, si corre el riesgo de no poder acceder con normalidad a la financiación en el mercado. La condicionalidad asociada al instrumento en el que se materialice la asistencia financiera debe exponerse con precisión en un "memorándum de entendimiento" y la vigilancia de su cumplimiento recae en la Comisión Europea en coordinación con el BCE y, en su caso, con el FMI.
El MEDE se fundamenta en la necesidad de preservar la estabilidad financiera de la zona euro que, por la interrelación existente entre las economías de los países que la constituyen, puede verse comprometida si uno de sus miembros tiene dificultades para obtener recursos financieros por las vías habituales.
Siendo la prevención el mejor instrumento para evitar un problema, la Unión Europea se ha dotado de una serie de normas, que configuran el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), pensadas para conseguir la estabilidad financiera en todos los miembros. Estas normas buscan que los Estados miembros tengan unas situaciones similares en cuanto a déficit y deuda del sector público.
Es en materia del cumplimiento del PEC en donde nuestro país ha venido renqueando de manera continuada como lo muestra el que, en 2016, estuvo a punto de ser sancionado por infringirlo o que, el año pasado, haya vuelto a faltar al compromiso de déficit asumido ante las instituciones europeas (en este sentido elgorgojorojo.wordpress.com/2020/04/07/deficit-publico-en-2019-otro-in).
En fin, sin negar las razones financieras que juegan en favor de los eurobonos, el comportamiento que las distintas administraciones españolas han mantenido durante los últimos ejercicios en relación a la observancia de las normas europeas sobre estabilidad, coordinación y gobernanza económica resta fuerza moral a las apelaciones hechas a la cohesión y solidaridad europea.
Desde un punto de vista práctico, el hecho de que a nivel de la UE no se hayan estipulado unas medidas comunes en cuestión de suspensión de la actividad económica para enfrentar la crisis sanitaria implica que cada país tendrá un coste diferente en función de las que, de forma soberana, haya adoptado y esto se compadece mal con la mutualización de las deudas que se deriven de tales acciones.