¿Cómo evitamos llegar a 10 millones de parados por la pandemia, pese a tener un sector turístico que representa el 12% de PIB y casi un 30% de las exportaciones fuertemente vinculadas a los sectores automovilístico y aeronáutico [1]?
Esta pregunta se la debieron hacer muchas veces los miembros de los gobiernos autonómicos, del central y muy posiblemente también en el seno de las instituciones europeas, durante la segunda y tercera semana de marzo. Se necesitaba una solución muy rápida y muy potente para evitar que las empresas, con flujos ingresos cercanos a cero durante meses, acudieran de forma masiva a concurso de acreedores (antigua bancarrota), y sus empleados al paro pasando por el Fondo de garantía salarial a cobrar las nóminas pendientes [2].
A diferencia de en 2008, esta vez Alemania lo tuvo claro desde el principio y no hubo que esperar 4 largos años a que el gobernador del Banco Central Europeo (BCE) dijera "Haré lo que haya que hacer, y créanme, será suficiente" [3]. Los gobiernos como el español o el italiano, con economías menos resistentes a crisis económicas, no tendrían que mantener el ojo pegado la prima de riesgo con cada cheque que firmasen. Y en España nos pusimos a tope para evitar la catástrofe. Tanto que, a fecha de 4 junio de 2020, sólo 6 semanas después de la declaración de estado de alarma, las empresas ya habían recibido 65 mil millones de euros de créditos gracias al Instituto de Crédito Oficial (ICO) [4].
¿Cómo funciona el ICO? ¿por qué es tan rápido y efectivo?
El mecanismo es muy sencillo. El estado impone una serie de condiciones básicas de salud financiera de una empresa, así como una ciertas garantías de vinculación territorial (para mi regocijo, muchos de los que han jugado fuerte con el tema de sacar flujos del país para evitar impuestos, se han llevado un algún disgusto ahora con este tema). Si la empresa cumple las condiciones, el estado avala entre un 70% y un 90% del crédito, lo que significa que cualquier empresa en la que un banco privado no metería dinero en ninguna circunstancia en situación de COVID, de repente se encuentra con que su banco habitual le llama y le dice "¿no necesitarás un crédito?"
El reverso tenebroso de esta eficiencia operativa es precisamente que la decisión de a quién conceder un ICO (los avales del estado son finito) recae en última instancia en los bancos. ¿Por qué esto puede ser un problema? Pongamos el caso del banco Rojo, que recibe dos solicitudes de créditos ICO, de dos empresas (gasolineras, en nuestro ejemplo): ambas tenían un negocio sano antes de la pandemia y ahora peligran con la caída en picado de sus ingresos. La gasolinera A, se construyó hace 20 años y sus dueños no tienen ninguna deuda bancaria relevante. La gasolinera B se terminó hace 2 años, y tiene una línea de crédito con el Banco Rojo con 3 millones de euros pendientes de amortizar.
¿A quién priorizará el Banco Rojo para el ICO?, efectivamente, el gestor de banco Rojo llamará a los de la gasolinera B: "mira, con la pandemia ha surgido una oportunidad de re-financiar la deuda con garantía estatal, lo que básicamente os permite postegar el pago un año y además reducir el tipo de interés (es lo que tiene que el estado esté de avalista, que el riesgo va a cero)". Así que la gasolinera B acepta el trato que sin duda le beneficia ya que le pospone los pagos y reduce los intereses. Pero estaremos de acuerdo que el mayor beneficiado aquí es banco Rojo, que ha pasado de tener un crédito de muy dudoso cobro por 3 millones de euros, a tener un reluciente crédito avalado en su mayoría por el Estado.
Durante el mes de mayo, entre asesores financieros y otros profesionales del sector, era el comentario de café (virtual): "los bancos están protegiendo primero su propia exposición, hasta que no terminen no van a soltar un euro a empresas sin deudas bancarias". Y cuidado, si alguien está pensando que la solución es que sea directamente el Estado quien decida que empresas financiar, que sepa que, posiblemente con la intención de evitar el problema anterior, el gobierno de Zapatero exploró esa vía: no pudo salir peor, la morosidad del "ICO directo" (como se llamó el programa) se cuadriplicó [5], por la sencilla razón de que el gobierno no tiene profesionales, sistemas ni procesos para establecer el riesgo crediticio de una empresa. ¿Una banca de titularidad pública resolvería el problema? Pues posiblemente sí, pero una banca pública tiene sus propios retos asociados (cómo compite de forma justa con los bancos privados, cómo evitar que se convierta en el banco malo que sólo captura negocio que la privada deshecha...) y desde luego, no se monta en 6 semanas.
Así que aquí estamos, sin duda los 100 mil millones que posiblemente llevará el ICO avalados a estas alturas han permitido a millones de empresas seguir existiendo y sus trabajadores conservar su empleo, pero lo que es inapelable es que los bancos españoles están 100 mil millones más protegidos contra lo que viene que estaban el día 14 de marzo. No se puede hablar de corrupción, no se puede hablar de prevaricación y no se puede hablar de incompetencia siquiera. Simplemente tenemos un efecto colateral, razonablemente indeseado por nuestro gobierno actual, contra el que aún no hemos encontrado vacuna.