Ayer, 7 de Octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 que, según sus propias palabras, comportan el mayor gasto social de la historia y con los que todos los colectivos sociales ganan.
En relación a este asunto, hay algunas cuestiones que merecen ser comentadas.
a) Sobre las “cuentas públicas”
Respecto de las cuentas de la Administraciones Públicas debe apuntarse que las mismas vienen presentando necesidades de financiación, de manera continuada, desde el año 2008 incluido, es decir, desde hace 13 años.
El impacto de la situación sobre la Deuda Pública ha sido que se ha pasado de un saldo de 384.662 millones, al finalizar 2007, a un monto de 1.345.784 millones, al concluir 2020.
A lo anterior hay que añadir que, para este ejercicio, la previsión establecida en la Actualización del Pacto de Estabilidad 2021-2024 (APE) es la de cerrar las cuentas con un déficit en torno a 100.000 millones, aunque mi estimación es que se terminará con una cifra mejor (sobre el resultado a mitad de año elgorgojorojo.wordpress.com/2021/10/06/deficit-de-las-aapp-hasta-media).
De hecho, a Julio pasado, la Deuda Pública había incrementado su saldo hasta 1.416.946 millones, lo que supone una cantidad per cápita de 29.897€.
Además el Gobierno considera que el Presupuesto del Estado para 2022 será compatible con la reducción del déficit, que está previsto dejar en el 5% al término del próximo ejercicio teniendo en cuenta que actualmente están suspendidas las reglas fiscales, lo que en valores absolutos supondrá alrededor de 65.000 millones.
Por cierto, conviene subrayar que las reglas fiscales suspendidas para el ejercicio que viene son las establecidas a nivel europeo y no las fijadas en las normas nacionales.
Por último, según las propias estimaciones del Gobierno, el déficit estructural ronda el 5% del PIB. Este parámetro refleja la diferencia entre ingresos y gastos públicos una vez eliminada de la influencia del ciclo económico y que la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prohíbe al establecer como límite el “equilibrio”.
b) Sobre los “jóvenes”
La primera referencia a considerar es que, según los datos provisionales facilitados por el INE respecto a la población residente, a 1 de Enero de este año, en nuestro país había algo más de 8,2 millones de individuos con edad inferior a 18 años.
Asimismo, hay que recordar que, salvo algunas excepciones, el derecho de sufragio activo está reconocido por la Ley de Régimen Electoral General a los españoles mayores de edad, condición que la Constitución fija en los 18 años.
Por otro lado, es algo bastante constatable que, si la mayor parte del electorado muestra poco interés por la situación de las cuentas públicas, en el sector más joven de la sociedad este rasgo es todavía más notorio.
c) Sobre las “presupuestos generales del Estado y los jóvenes”
Expuesto, de manera resumida, el legado fiscal que recibirán las generaciones más jóvenes -y las que están por nacer- y explicitado el desamparo en que se encuentran por el escaso interés que su futuro tiene para los partidos políticos por su poco impacto en los resultados electorales, creo verdaderamente sonrojantes manifestaciones como:
1) "Los Presupuestos suponen la mayor apuesta por nuestros jóvenes" (María Jesús Montero, Ministra de Hacienda)
2) "Los jóvenes se verán reflejados en estos Presupuestos" (Isabel Rodríguez, Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España)
Ambas recogidas por El País.com del 7 de Octubre
d) Sobre el futuro próximo
Aunque no parece que se vaya a cambiar la orientación de las proyectadas cuentas del Estado, no debe pasarse por alto que el Reglamento (UE) n° 473/2013 prescribe que:
"Los Estados miembros presentarán anualmente a la Comisión y al Eurogrupo, a más tardar el 15 de octubre, un proyecto de plan presupuestario para el año siguiente".
Este Proyecto de Plan Presupuestario será objeto de dictamen por parte de la Comisión Europea que, en mi opinión, debiera exigir a España que haga algo más para reconducir la situación de las finanzas públicas que el confiar en los casi 80.000 millones de los fondos asignados a los programas del Next Generation EU que nuestros socios europeos nos darán a fondo perdido (aunque habría que descontar la cuota-parte que corresponde pagar a España en relación al total pedido a préstamo en los mercados).