Cuando todavía no está claro si este año se vencerá la pandemia del Covid-19, aunque los indicadores son esperanzadores, y a pocas horas de decaer el estado de alarma establecido por el Real Decreto 926/2020, se va poniendo la atención sobre las consecuencias económicas que esta nueva crisis tendrá para nuestro pobre país.
En los últimos días del pasado mes de Abril, se fueron conociendo datos de interés referidos a la evolución de la actividad económica y del mercado de trabajo. Por un lado, el INE avanzó que el PIB real del primer trimestre del año ha sido inferior en un 0,5% al del trimestre precedente, es decir, el último de 2020. De otra parte, según la EPA del primer trimestre del año, la tasa de paro se situó en el 15,98%, con un descenso de 0,15 puntos porcentuales en relación a la de inicio del ejercicio.
Sobre ambas materias habría que hacer muchas matizaciones, pero lo que ahora importa es si aportan alguna pista sobre la salida de la crisis económica provocada por la enfermedad y por las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar su propagación.
También interesa hacer una valoración sobre la predisposición de nuestra “clase política” en general respecto del rigor en la administración de los recursos públicos. Sobre esto, conviene empezar por recordar que las normas de disciplina presupuestaria de la Unión Europea giran en torno a dos criterios: a) la proporción entre el déficit público y el PIB debe ser inferior al 3% y b) la proporción entre la deuda pública y el PIB no debe superar el 60%. Las normas destinadas a la configuración y protección jurídica de la estabilidad económica en la UE conforman lo que se denomina “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” (PEC).
Nuestro país, con ocasión del desequilibrio presupuestario que provocó la “gran recesión”, estuvo sujeto a un procedimiento por déficit excesivo desde 2009 hasta 2018 en que, tras un tortuoso recorrido que contó con amenazas de sanción, consiguió situar el déficit de las Administraciones Públicas (AAPP) por debajo del 3% del PIB.
La aceptación de mala gana del Partido Popular y el rechazo sutil del Partido Socialista de las reglas económicas establecidas a nivel de la UE se constata, para el primero, por el extenso lapso temporal que empleó en reconducir el déficit y, para el segundo, porque nada más quedar España sujeta en 2019 al procedimiento por desequilibrios macroeconómicos, ya que entre otras cosas su deuda pública representaba el 97,4% del PIB, incumplió la obligación de reducir en un 0,65% el déficit estructural, es decir, el que se establece excluyendo los efectos del ciclo económico, según señaló la Comisión Europea en Mayo del año pasado.
Inesperadamente, respecto de la presión por parte de las instituciones europeas, el ejercicio 2020 deparó un desahogo al Gobierno de coalición PSOE-UP en forma crisis sanitaria que condujo a que, en Marzo de ese año, el Consejo de la UE decidiera la aplicación de la norma que posibilita que un Estado miembro obvie temporalmente el llevar a cabo los ajustes precisos para alcanzar el “objetivo presupuestario a medio plazo” (OMP) que, en nuestro país, por el art. 11.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) está fijado en “equilibrio estructural” y que, para más casualidad, había entrado en vigor el 1 de Enero de 2020.
La emergencia provocada por el COVID-19 motivó que el Consejo de la UE, en su Recomendación de 20 de Julio de 2020, instara a España -para ese año y el siguiente- a adoptar las medidas necesarias con el fin de potenciar la capacidad del sistema sanitario y proporcionar ayuda a los ciudadanos y sectores económicos especialmente afectados, dejando para cuando las condiciones lo permitieran las actuaciones relacionadas con la sostenibilidad financiera.
Algunas de las consecuencias reseñables del azaroso ejercicio 2020 son que se cerró con un “agujero” de las AAPP algo superior a los 123.000 millones y con un saldo de deuda pública cercano a 1,35 billones. Por su parte, los gastos aumentaron en 62.948 millones de los que 44.907 millones correspondieron a medidas adoptadas para paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia.
Expuesta someramente la situación presupuestaria de nuestro país al comenzar el presente ejercicio y hechos algunos comentarios ilustrativos sobre la voluntad de nuestros políticos de atenerse a la reglas económicas, tenemos que:
1) el primer trimestre de 2021 ha resultado bastante flojo en cuanto a la marcha de la actividad económica (resumen en elgorgojorojo.wordpress.com/2021/04/30/producto-interior-bruto-datos-a) y de la evolución del mercado de trabajo (resumen en elgorgojorojo.wordpress.com/2021/05/08/mercado-laboral-epa-del-1o-trim)
2) las previsiones sobre el comportamiento de la cuentas públicas para el actual ejercicio son altamente preocupantes, puesto que el Gobierno pronostica un déficit del 8,4% del PIB (lo que en valores absolutos supone un desfase en torno a 100.000 millones).
En fin, por no extenderme más, mi impresión es que, frente a la tesis gubernamental de que la salida de la crisis será en forma de V asimétrica, creo que tal escapatoria se hará al modo de Q segura (siendo Q = quiebra), cuyo detonante será el abandono por el Banco Central Europeo de su política de compras deuda pública en el mercado secundario lo que, en principio, está previsto para 2023.
Gorgojo_Rojo