Las cuentas del Sistema de la Seguridad Social mejoran gracias a la buena evolución de los ingresos por cotizaciones en consonancia con la marcha del mercado de trabajo.
Sin embargo, la actualización de las pensiones tomando como referencia el IPC no podrá ser, salvo sorpresa descomunal en la evolución de este último. La razón de esta afirmación está en que el Banco Central Europeo ya ha advertido que su intervención en el mercado de la deuda pública para contener su coste está condicionada a que nuestro pobre país se atenga a las recomendaciones que le dirijan el Consejo y la Comisión Europea.
En la propuesta de Recomendación del Consejo, del Ecofin del pasado mes de Junio, se advierte a España para que:
"En 2023, garantice una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento de los gastos corrientes financiados a nivel nacional (entre los que se encuentran las pensiones) por debajo del crecimiento potencial a medio plazo”.
Ateniéndonos a las previsiones gubernamentales para este año, contenidas en la Actualización de Programa de Estabilidad 2022-2025, los gastos corrientes estarán en el entorno de los 565.000 millones de los que, según los Presupuestos Generales del Estado de 2022, a pensiones se destinarán 171.165 millones.
Respecto a la evolución de la inflación, la proyección del IPCA que estableció el pasado mes de Junio el Banco de España fue del 7,2%, aunque otras estimaciones de servicios de estudios privados se mueven en niveles más elevados.
En consecuencia, en el ejercicio 2023, habría que destinar más de 12.300 millones (171.165 x 7,2%) a satisfacer la actualización de las pensiones conforme a la evolución de la inflación.
Por otro lado, la recomendación del Consejo pide a nuestro país que los gastos corrientes no se aumenten por encima del crecimiento potencial (de la economía española) a medio plazo. Aunque el dato de 2023 no se ha publicado todavía por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para hacer cálculos podemos tomar como aproximación la referencia nominal de 2022 que es el 2,9% (la tasa de crecimiento potencial real de medio plazo es del 1,3%).
Por tanto, el alza posible de los gastos corrientes en 2023 se situaría en unos 16.400 millones (565.000 x 2,9%).
En resumen, si el crecimiento total de gastos corrientes es de unos 16.400 millones, de los que unos 12.300 millones han de aplicarse a cumplir el compromiso sobre revalorización de las pensiones, queda un escaso margen para atender la lógica subida de otras partidas como las remuneraciones de los empleados públicos o los intereses (gasto que tiene prioridad por previsión constitucional).
Si, ante esta situación, el Gobierno optase por obviar la recomendación europea, además de atenerse a las posibles reacciones de las autoridades comunitarias, nuestra deuda pública quedaría sin el amparo del Banco Central Europeo y nuestro país podría verse en una situación muy apurada (recuérdese que, en el otoño de 2012, el interés exigido a la obligación española a 10 años llegó al entorno del 7%).
Tras lo indicado, se puede colegir casi con total seguridad que la previsión legal del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incrementándolas en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior, no se va a poder cumplir.
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