Desde el 3 de julio de 2017 todas las tramitaciones de nacionalidad se hacen obligatoriamente de manera telemática previo pago de una tasa de cien euros —antes era gratuito—. La promesa era que con el nuevo procedimiento, en el plazo de un año, los solicitantes sabrían si se les concedía o no la nacionalidad. Nada más lejos de la realidad.