El objetivo es incrementar la productividad igualando las jornadas laborales de todos los empleados públicos en 37,5 horas semanales y fijando los días de asuntos particulares o libre disposición en seis, ajustándose así al Estatuto Básico del Empleado Público. Estas dos medidas, según los cálculos que se han hecho en la Puerta del Sol, permitirían a la Administración ahorrar 83 millones de euros anuales e incrementar la productividad en, ni más ni menos, 12 millones de horas al año.