Ni sistemas de contabilidad analítica, ni memoria sobre el coste y rendimiento de los servicios. Éste es el descontrol que el Tribunal de Cuentas denuncia que tienen todas las comunidades y ciudades autónomas del Estado, sobre los dineros que manejan, hasta el punto que, afirma, "no es posible pronunciarse sobre el grado de eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos" de las autonomías.