La próxima semana el abogado de la familia propietaria del inmueble donde se sitúa la Oficina de Turismo entre otras dependencias de la Concejalía de Promoción Económica, presentará una reclamación para que el juez ordene el desahucio, si antes no paga lo que debe. Y es que, desde junio de 2007, el Gobierno municipal solo ha hecho frente a ocho mensualidades. “No solo no paga, sino que cuando lo hace es tarde y fuera de plazo”, asegura Ángeles Martínez Pérez, hija de la arrendadora del inmueble.