Bonastre fue condenado, el 30 de abril de 1991, por sentencia convertida en definitivamente firme, al agotar todos los niveles procesales, a la pena de un año de prisión y a la inhabilitación absoluta durante seis años y un día, en concepto de autor de un "delito continuado de malversación de capitales públicos". Delito cometido por Bonastre en el ejercicio de su función, cien por cien pública, de "secretario interventor habilitado" del Ayuntamiento de Ascó (Ribera d'Ebre).