El catalán no es el único idioma protegido con multas. La Agencia Catalana de Consumo (ACC), ente que depende de la Generalitat, impuso el año pasado 94 sanciones a comercios por no etiquetar en castellano, de un total de 205 actas abiertas. En el mismo periodo, la Administración abrió expediente sancionador a 152 empresas por vulnerar la política lingüística catalana, con un montante de 148.100€.