La propuesta es un bloqueo administrativo sin control judicial, una vía abierta en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y en la Ley de Propiedad Intelectual. Baja la protección de los usuarios y no se contestan a algunas preguntas clave como el mantenimiento de la neutralidad de la red, la inviolabilidad de las comunicaciones o qué es ánimo de lucro en la nueva economía digital.