La empresa encargada del mantenimiento y del servicio que prestan las fotocopiadoras instaladas en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana ha denunciado ante la Sindicatura de Greuges el impago del contrato suscrito con la Generalitat desde 2007, y que ascendía a 71.810 euros en 2009. La institución fiscalizadora ha recomendado a la Conselleria de Justicia que abone las cantidades que adeuda a la mercantil "a la mayor brevedad", pese a que la Generalitat ha justificado el impago en su "falta de disponibilidad presupuestaria".