Francisco Correa -cabecilla de la trama empresarial que supuestamente se beneficiaba de sus relaciones con altos dirigentes del PP para conseguir contratos públicos o recalificaciones urbanísticas- se ufanó en una de las conversaciones con sus socios, grabadas y aportadas al sumario, de que un consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, cobraba comisiones por distintos favores y, además, obligaba a las consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba el propio Correa.