Los códigos penales siempre han considerado delictiva la conducta de los que, esparciendo falsos rumores o noticias falsas o utilizando engaños, intentaren alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos, valores o cualquier otra cosa que sea objeto de contratación. Si la difusión de falsos rumores tiene por fin perjudicar el crédito o la autoridad del Estado, constituirán un delito contra la seguridad nacional por comprometer la paz o independencia de este.