La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que dispone ya de las propuestas de ambas partes. Fuentes de la negociación barajan que para perseguir las descargas bastaría una modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) y de la ley de procedimiento administrativo, con el fin de habilitar a la Comisión de Control y el sistema de avisos, puesto que actualmente sólo tienen potestad los jueces para el control y cierre de web.