Han modificado su legislación sobre propiedad intelectual para adaptarla a la nueva normativa europea. Según una nueva ley aprobada el pasado día 23 de marzo y que entrará en vigor el próximo 1 de enero, quienes descarguen contenidos protegidos para uso personal se arriesgan a penas de hasta dos años de cárcel, que aumentan hasta cinco si es para uso comercial.