Un estudio elaborado por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundació per la Pau sobre las estadísticas oficiales de transferencias de armas en 2008 confirma que España exporta material de defensa a destinos en los que éste puede contribuir a cometer violaciones de derechos humanos, exacerbar conflictos armados o deteriorar su desarrollo sostenible. Según las organizaciones, el Gobierno sigue sin facilitar información precisa sobre los criterios que han permitido autorizar exportaciones a países con un historial preocupante