Un grupo de compañías multinacionales han conseguido que funcionarios policiales y judiciales asuman de oficio la persecución de las infracciones contra el derecho de autor. Y todo para ahorrarse los gastos que tendrían que invertir en abogados, detectives y peritos, de tratarse de simples infracciones civiles… La cárcel, ni para manteros, ni para "piratas": exceptuando a los plagiarios que se atribuyan indebidamente la autoría de una obra, nadie más debe entrar en prisión en virtud del falso tótem de la propiedad intelectual.