Carlos Fabra no ve razones para dimitir de sus puestos como miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Castellón tras su condena de cuatro años de cárcel por defraudar casi 700.000 euros a Hacienda entre 1999 y 2003. La Cámara de Comercio le refrenda en su puesto porque los delitos por los que ha sido condenado son “de ámbito particular”.