La Fiscalía superior de Madrid ha abierto diligencias por un presunto delito contra el tráfico aéreo que sanciona a aquellos empleados que abandonen colectivamente sus funciones. Este delito, contemplado en la Ley de Seguridad aérea, contempla penas de tres meses a tres años de cárcel y hasta ocho años cuando quede acreditado que el hecho pretende interrumpir la navegación aérea.