La desalinizadora pagará a la Generalitat 1,2 millones de euros al año a cambio del uso de la zona portuaria (muelle de poniente de Torrevieja). Fue en noviembre cuando la administración autonómica, coincidiendo con la previsión de cambio de gobierno y la postura del gobierno de Castilla-La Mancha -ya en manos del PP- de seguir denunciando el trasvase Tajo-Segura, cuando dio esta autorización y se desbloqueó esta fase final de las obras. Hasta ese momento la Generalitat se había opuesto frontalmente al proyecto.