El objetivo es definir las condiciones físicas, químicas y biológicas del fondo marino “con carácter previo al inicio del programa de perforación”. La Dirección General de Política Energética y Minas establece que “antes del inicio de la campaña”, la petrolera tiene que constituir un seguro de responsabilidad civil “por una cuantía de, al menos, tres millones de euros”. La resolución será recurrida tanto por la Corporación insular majorera como por la lanzaroteña.