La Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional ha asumido las funciones que venía ejerciendo la institución del Defensor del Pueblo en los últimos cuatro años. El Gobierno regional está liquidando algunos de los contratos que tenía pendientes este organismo cuya eliminación fue decidida el pasado octubre. Otra parte de las quejas y peticiones de los ciudadanos se cursarán al Defensor del Pueblo nacional, explicaron ayer fuentes parlamentarias.