La norma reduce los ayuntamientos de 1.034 a 355, lo que supondrá un ahorro para las endeudadas arcas públicas de 1.185 millones de euros anuales. El objetivo de la reforma administrativa es crear ayuntamientos con más poder, como mínimo de 10.000 habitantes y que puedan ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. Se producirán severos recortes de personal para aligerar la administración y los cargos políticos municipales se reducirán a la mitad desde los actuales 50.000.