Los descendientes de emigrantes españoles en general, y los hijos y nietos de exiliados en particular, podrán obtener la nacionalidad española sin necesidad de que sus progenitores hubieran nacido en España, tal y como ahora exige la ley. Esta medida, que arrastra un enorme significado social y emotivo, puede afectar a un millón de personas, según estimaciones del Gobierno.