Tras las dudas generadas el miércoles, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha aclarado que lo que se plantea no es considerar delito la convocatoria de manifestaciones pacíficas que deriven en violencia, sino tratar de agravar las penas para quien convoque actos violentos, evitando así altercados como los que se produjeron en Barcelona el día de la huelga general, que causaron destrozos por valor de medio millón de euros.