El Gobierno de centro izquierda de Italia, acusado a menudo por la oposición del país de ser tibio respecto a la inmigración, ha endurecido su postura con un decreto que permitirá a la policía expulsar a ciudadanos de la Unión Europea a los que se catalogue de "peligrosos para la sociedad". Aquellos que regresen ilegalmente podrían ser encarcelados durante hasta tres años.