Jueces y fiscales se acusaron ayer mutuamente del error judicial que ha dado al traste con siete años de investigación y de diligencias del caso Fabra. Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) asumen ahora la responsabilidad de que ninguna de las partes en el proceso se haya planteado paralizar el plazo de prescripción de al menos cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se acusa al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra.