La ausencia de una auténtica Policía Judicial y la configuración de la única existente como cuerpo exclusivamente administrativo, dependiente del poder oligocrático de los partidos, pervierten la seguridad pública como bien jurídico deseado y lo transmuta en simple brutalidad incontrolada. Poco importa que se trate de policía estatal, autonómica, local o aún fiscal, ya que la diversidad administrativa no supone separación en el ejercicio del monopolio de la fuerza, sino sólo multiplicar su actuación arbitraria en función del amo a quien sirven.