Cuando el anterior Gobierno decidió recuperar el impuesto del patrimonio tres autonomías gobernadas por el PP rechazaron aplicar el tributo: Baleares, Valencia y Madrid. En aquel entonces argumentaron que era injusto y perjudicaba a las clases medias. Después las necesidades recaudatorias pesaron más que las convicciones, aunque solo en el caso de las dos primeras porque el Gobierno de Ignacio González sigue sin querer oír hablar del tema, y eso, que con este gravamen evitaría la aplicación del euro por receta o la externalización sanitaria.