Según ha podido averiguar elEconomista de fuentes cercanas al proceso, el convenio que ya apoyan el 54,7% de los acreedores incluye una cláusula según la cual "se pagará con carácter preferente a aquellos propietarios de viviendas que no se vayan a construir y que no tengan aval". Habrá un tope de 400.000 €.