Para todas ellas, el proyecto "supone un retroceso legal en toda regla" por cuatro motivos fundamentales: la política de inmigración se regula respondiendo a la crisis, se cambia la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, refuerza la percepción del inmigrante como mercancía y, por tanto, se dificulta la integración y alimenta una percepción que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación administrativa irregular.