El decreto de alivio a los deudores hipotecarios puesto en marcha por el Gobierno en noviembre de 2012 ha tenido un impacto muy limitado y ha resultado ineficaz. Esta es la principal conclusión a la que llega una investigación pionera del instituto Metroscopia encabezada por la exjuez Manuela Carmena, y que contó con la colaboración de EL PAÍS. Menos de un 2% de los que solicitaron que se suspendiera su desahucio acogiéndose al decreto lo lograron.