Parece razonable. El coste de la energía se dispara, la inflación golpea con fuerza nuestros bolsillos y el reto medioambiental nos obliga a reducir emisiones. Y una medida que puede contribuir a aminorar las consecuencias negativas de esos problemas es sin duda aumentar la apuesta por el transporte público a precios asequibles.
Para nada soy un experto y por ello, seguro que me equivocaré, pero creo que lo primero que alguien sensato haría es planificarlo bien: valorar el potencial impacto de cualquier medida en el aumento de usuarios, y, en función de ello, mejorar y aumentar infraestructuras, equipamientos, dotarlos de los trabajadores precisos, etc. Si se pretende dar facilidades a todos los ciudadanos para que modifiquen sus hábitos, reduzcan el uso de vehículos privados y prefieran usar el transporte público, habrá que tener más vagones, más autobuses, más frecuencias, más personal.
Pero parece que no se hará: parece que alguien está pensado que el sólo hecho de decidir bajar el precio público de los abonos de transporte en un 50% será la panacea. Espero que no sea así, y que la medida vaya precedida de una estudiada inyección de dinero público, consensuada con todos los actores que tienen las competencias para ejecutar las inversiones y su puesta en marcha.
Pero como en este país tenemos tradición de poner el carro delante de los bueyes, me temo que nos volverá a pasar.