La Institución reclama que se respete escrupulosamente la necesidad de contar con la previa y preceptiva autorización judicial antes de realizar intervenciones en las comunicaciones telefónicas y de datos. Además, la Defensora recuerda que dichas intervenciones deben realizarse sólo cuando existan indicios suficientes de la posible comisión de un hecho delictivo. Según explica la Oficina del Defensor, un ciudadano presentó una queja denunciando que unos agentes de la Policía Nacional le habían requisado su teléfono en la vía pública...