Desde el 2004, el gobierno ha creado cincuenta plazas de fiscales dedicados en exclusiva a delitos medioambientales y urbanísticos, aparte de dedicar unidades de Guardia Civil especializadas. El tan cacareado plan contra el fraude fiscal realmente ha aumentado la recaudación, y ha servido para cazar no pocos listillos que tenían el dinero mal escondido; el caso Santa Coloma, al fin y al cabo, nace del BBVA Privanza. La fiscalía anticorrupción tiene el triple de fiscales ahora (de 10 a 30), y ha aumentado su actividad de forma exagerada.