Según ha informado el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, de ser aprobada, esta pena implicaría que los condenados no tuvieran ningún beneficio penitenciario en un periodo inicial de 20 años. Una vez transcurrido este tiempo, el tribunal podrá revisarla si se reúnen determinadas condiciones: la existencia de un pronóstico favorable de reinserción, arrepentimiento del condenado, haber satisfecho sus responsabilidades civiles y que la gravedad de la culpa no exija el cumplimiento efectivo de la pena.