La Ley Mordaza del PP (llamada por el gobierno "Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana") convierte casi cualquier acto de protesta social en un atentado contra la seguridad pública, es decir, la protesta social pretende ser (y está siendo) criminalizada por el PP para evitar la más mínima respuesta de oposición a sus políticas de empobrecimiento de la población