Según la investigación, los responsables de la mina habrían mantenido artificialmente abiertas dos minas a fin de poder justificar una extracción de 20.000 toneladas de carbón al año, pese a que en realidad sólo producirían 10.000. El resto lo habrían estado adquiriendo a través de una sociedad ubicada en el Puerto de Gijón.