Todo es debido a los problemas que él y otros jugadores han experimentado desde la última gran actualización del firmware el pasado otoño. La demanda está basada en una supuesta ruptura de contrato, violación de los derechos de protección del consumidor y negligencia de la empresa. De confirmarse,podría servir para limitar lo que cualquier compañía pueda hacer o no con el firmware (pues Sony y Nintendo también actualizan online sus Next-Gen) y lo que les puede costar en daños y perjuicios afectar las consolas de sus legítimos dueños.