En su afán por recortar el gasto público, la Xunta ha empezado ya a meter mano a los sindicatos. Al igual que hizo Esperanza Aguirre en Madrid, el Gobierno gallego se ha propuesto reducir el número de liberados –aquellos representantes de los trabajadores que dedican el tiempo completo de su jornada laboral a tareas sindicales–. El recorte ha empezado por las áreas de sanidad y educación, donde ya se suprimieron un tercio de los liberados.