Todo empezó con una conexión a la red Sara que es controlada por la Dirección General de la Policía Nacional y cuyas credenciales son muy escasas. A través de este acceso no perseguía acceder a las sentencias o a los procedimientos judiciales activos, sino que le interesaba la pasarela que existe entre juzgados y Agencia Tributaria para consultar datos de contribuyentes como información fiscal o los saldos de las cuentas bancarias.