Podríamos celebrar que después de 44 años de democracia el gobierno se decida a derogar la Ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, con la que el dictador y su régimen se garantizaban la ignorancia de la población y la impunidad de sus fechorías. Pero la alegría se desvanece pronto, incluso antes de ojear el texto del anteproyecto. Que salga en agosto, con sólo 7 días hábiles para hacer alegaciones y por la vía de urgencia, induce a la sospecha.