La aprobación de la denominada amnistía fiscal a las personas o empresas defraudadoras por medio de un decreto ley, podría ser anulada en el caso de que se presente un recurso de inconstucionalidad y posteriormente el Tribunal Constitucional (TC) decida seguir su doctrina sobre la utilización de ese tipo de norma legal para sacar adelante medidas que afecten a la esencia de los tributos e incidan en el deber de los ciudadanos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.