La ley de gobierno de 1981 establece “pensiones excesivas para los altos cargos del gobierno”. No sólo porque establece pensiones vitalicias, sino porque la administración pública es quien financia el tramo que va desde el máximo de la Seguridad Social hasta el derecho adquirido por ley por haber ocupado un puesto en el Gobierno Vasco (el 50% del sueldo actual de ese cargo); es decir, la administración, por ley, mejora las prestaciones de la Seguridad Social que ya cobran cuando se jubilan.